La jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, le comunicó a las autoridades que ha recibido amenazas, tras tomar la decisión de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe. La decisión sobre este proceso la tomó en una extensa audiencia que tuvo lugar de manera virtual el sábado 10 de octubre.
De inmediato, los organismos de protección le hicieron un estudio de emergencia y tras corroborar que existía un riesgo le asignaron protección. Los ataques y hostigamientos le llegaron por medio de sus redes sociales. Se investiga en este momento cuál podría ser el origen de los mismos.
El caso de Álvaro Uribe le había llegado por reparto por medio de una designación que fue aleatoria cuando el proceso del expresidente pasó a la Fiscalía General de la Nación. En un principio la jueza decidió enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia, pues aseguró que al haber impugnado su competencia, lo mejor era que la sala plena de esa alta corporación definiera cuál era la ley aplicable.
Finalmente, la Corte Suprema definió que el caso seguiría por la Ley 906, en el nuevo fiscal acusatorio y que la jueza tenía la competencia para definir su libertad.
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