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El llamado 'Pacto de Mariscos' buscaba, supuestamente, generar escenarios políticos en la Región Caribe. Fue suscrito por políticos y funcionarios con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. 

Estos ‘parapolíticos’ de Córdoba que habrían sellado el ‘Pacto de Mariscos’ con alias El Alemán, tendrán que pagar siete años de prisión, multa por 5.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue la decisión que emitió el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá contra varios involucrados en el ‘Pacto de Mariscos’ en Córdoba, entre los que se encuentran siete exalcaldes, exconcejales y exfuncionarios de la zona costanera.


Los políticos involucrados son de los municipios de Canalete, Los Córdobas y Moñitos, quienes tienen orden de captura por este accionar en donde son señalados de haberse unido con grupos paramilitares para tomar el control en las referidas jurisdicciones.


La decisión fue emitida el pasado 9 de octubre y allí condenan a Alfredo Fidalgo Arrieta López, Aniris Muñoz Vera, Bonifacio Contreras Díaz, Isaías Enrique Martínez Castro, Saúl Carreazo Silgado, Oscar Dorio Álvarez Domínguez y José Feliz Martínez Bravo, quienes deberán enfrentar a la justicia por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado en la modalidad de promoción y financiamiento de grupos ilegales.


El juez ordenó la captura inmediata de los sindicados, a quienes en la decisión le niegan la prisión domiciliaria y suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicionada.


Por este caso, ya fueron condenados Armando Lambertines y Eva Leonor Carmona, ex alcaldes de Canalete y Los Córdobas.


 Como se recordará, en su momento Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, comandante del Bloque Élmer Cárdenas, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que este pacto se había acordado para infiltrarse en todos los partidos políticos y así conseguir beneficios en el Congreso.


Sobre este caso, también había declarado Mancuso, quien aseguró que en cada municipio de la zona costanera habían oficinas administradas por gente cercana de las autoridades municipales que se encargaban de recoger dinero a través de contrataciones para financiar campañas políticas.

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