Cuatro personas fueron capturadas por personal del CTI, se trata de: Remberto Javier Amell Hernández (alcalde municipal 2016 - 2019), Carlos Eduardo Cueto Corrales (secretario de Planeación para la época de los hechos), Lila Margarita Aldana Argel (particular) y Jorge Carlos Álvarez Rivero (contratista).
De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario, supuestamente, acudió a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS) para que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial. Finalmente, a la administración de Galeras (Sucre) le fueron asignados 13.212 millones de pesos. Por la gestión, los congresistas habrían recibido el 15% de la suma desembolsada.
Con este millonario rubro se suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra distintos. Uno para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 4.134 millones de pesos, con plazo de ejecución de 6 meses; otro para la “construcción de pavimento en concreto hidráulico” por 2.793 millones de pesos; y el tercero, para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 3.796 millones de pesos.
Los funcionarios, presuntamente, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. Al parecer, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés.
Adicionalmente, hay evidencia de que se redujo el tiempo de la licitación para evitar la participación de otras empresas y fueron presentadas ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario