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A una pena de 30 años de prisión fue condenado Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe’, quien reconoció su responsabilidad en la comisión de 39 asesinatos y 7 tentativas de homicidio ocurridos en los departamentos de Cauca y Quindío.

 

En la investigación se estableció que Marín, como cabecilla de la estructura criminal ´La Inmaculada’, sembró el terror en las referidas zonas como una estrategia para mantener el control territorial y eliminar posibles opositores dentro y fuera de la organización. Hechos que se suman a las millonarias extorsiones se determinó que eran hechas para financiar el grupo delincuencial.

 

El sentido del fallo judicial indica que además tendrá que pagar una multa de 12.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Labores de la Policía judicial evidenciaron que el procesado incurrió en diferentes crímenes, al menos desde 2011, y en distintos sectores de los municipios de Tuluá y Popayán, en el departamento del Cauca; y en poblaciones de Armenia y La Tebaida, en el Quindío; hasta donde se extendió su accionar delictivo.

 

Según las indagaciones adelantadas por una fiscal especializada de la Seccional Valle del Cauca, entre las múltiples víctimas de Marín Silva se tienen evidencias de su responsabilidad en la muerte del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Edinson Montenegro Cardona, ocurrido el 12 de abril de 2017. El asesinato habría sido ordenado desde el interior de la penitenciaria de Cómbita en Boyacá, en donde estaba recluido alias ‘Pipe’.

 

Otro de los macabros hechos que permitieron la sentencia contra el procesado fue el descuartizamiento de, al menos, una de sus víctimas cuyos restos arrojó al río Tuluá.

 

Marín, actualmente recluido en la penitenciaría de Picaleña en Ibagué, fue imputado y condenado por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

 

Las autoridades suponen que con esta condena la Fiscalía logró afectar al cabecilla de la estructura quien deberá responder por los delitos por él cometidos, lo mismo que por los que realizó la organización ilegal.

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