La denuncia fue interpuesta después de que el mencionado equipo jurídico descubriera que en varios municipios de la Costa Caribe, los implicados tendrían montada una sofisticada red de compra de votos con los llamados “mochileros”, líderes y caciques de la Costa.
En el documento, que fue expuesto por el penalista en sus redes sociales, se menciona el delito de corrupción al sufragante que está penado con una sanción de prisión que puede ir desde los 3 a los 6 años de detención y en que también se pueden establecer sanciones como la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La medida fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, puesto que los implicados ostentan cargos en el Congreso de la República y tendrán que ser los fiscales delegados ante dicha instancia los que validen las pruebas presentadas por Del Río y su equipo jurídico.
Con esta medida se busca que la práctica “tradicional” pero ilegal en la Costa Caribe, en la que se ofrecen diferentes estipendios a cambio del voto, como mecanismo de presión al sufragante, sea una práctica que sea eliminada de la cultura electoral colombiana y se castigue a quienes la han ejercido en varios procesos electorales.
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