El secretario de Gobierno de esta municipalidad, Rafael Martínez, hizo un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con prontitud, el origen de las amenazas en contra del personero y varios líderes indígenas.
De acuerdo a lo manifestado por el funcionario municipal a diferentes medios de comunicación en los consejos de seguridad que se adelantan una vez se conocen este tipo de situaciones, la fiscalía brilla por su ausencia.
“Hay una ausencia en los consejos de seguridad de la Fiscalía General que no permite avanzar en las investigaciones que se tienen que dar, para buscar la forma de solucionar estás problemáticas que se presentan en estos territorios, porque no es solamente en Puerto Libertador. Esto está a la orden del día, todo el que realiza una labor de tipo social, de dar a conocer derechos como en el caso del personero, casi siempre es víctima de este tipo de amenazas”, señaló.
El secretario de Gobierno aseguró que desde 2019, cuando fue amenazado, las investigaciones no han arrojado ningún avance o resultado.
“El origen de estas situaciones son desconocidas y en eso hemos hecho reiterados llamados a la Fiscalía General, porque vemos que esos procesos no avanzan, lo digo yo que lo viví personalmente en 2019, fui amenazado y todavía no sé de dónde proceden esas amenazas”, puntualizó.
Cabe recordar que la Fundación Cordoberxia denunció este 2 de agosto, nuevas amenazas en el sur del departamento. Esta vez, los afectados serían líderes indígenas y el personero del municipio de Puerto Libertador.
“El día de ayer (1 de agosto), conocimos de las graves amenazas en contra de los ciudadanos: Jorge Álzate, gobernador indígena La Iraca; Israel Aguilar - reconocido líder indígena del Resguardo Zenú Alto San Jorge; Wilfrido Paternina y el señor personero municipal de Puerto Libertador, doctor Jorge Iván Uribe. En lo más reciente, envían un mensaje póstumo a la familia del señor personero municipal de Puerto Libertador”, se precisa en un comunicado emitido por la Fundación Cordoberxia.
Asimismo, la organización defensora de Derechos Humanos, sostuvo que estas personas también recibieron audios intimidantes vía WhatsApp.
En Córdoba más de 100 personas han denunciado hechos intimidantes, varias contarían con esquema de seguridad.
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