David Barguil rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en el marco de una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la utilización de los cupos indicativos para la aprobación de recursos destinados a proyectos en Galeras, Sucre.
En la diligencia, que se llevó a cabo de manera reservada, Barguil fue citado luego de la apertura de indagación en su contra por presuntos actos de corrupción. La sala de instrucción de la Corte Suprema investiga la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según la información suministrada por la Fiscalía, el exalcalde de Galeras, Remberto Javier Amell, presuntamente acudió a Barguil para que mediara ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) con el objetivo de obtener recursos nacionales para reparar la malla vial del municipio.
El Gobierno Nacional asignó más de 13.000 millones de pesos para las obras utilizando los cupos indicativos a los congresistas, de los cuales el 15 % habría salido para los congresistas. Barguil, en su rol como congresista, es investigado por presuntamente haber recibido beneficios económicos a cambio de aprobar los recursos para los proyectos en Galeras.
Cabe recordar que los cupos indicativos son un cupo presupuestal que reciben los parlamentarios para cubrir necesidades sociales en las regiones que ellos representan.
En relación con los hechos, la Fiscalía ha logrado la captura de Remberto Javier Amell Hernández, Carlos Eduardo Cueto Corrales, quien se desempeñaba como secretario de Planeación para la época de los hechos, Lila Margarita Aldana Argel y del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero.
De acuerdo con las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el exalcalde de Galeras y los demás exfuncionarios de la alcaldía aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía también ha señalado que existen pruebas de que se habría reducido el tiempo de la licitación para que otras empresas no pudieran participar en el proceso y que habrían presentado ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.
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