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La administradora del Cementerio San Antonio, también conocida como Cementerio del P5, en Montería, Beatriz Delgado Mestra, ha emitido un llamado urgente a los familiares de más de 600 personas fallecidas a causa de Covid en 2020, que están sepultadas en este lugar. Los cuerpos deben ser retirados de las bóvedas, ya que han superado el tiempo de permanencia en ellas.


Delgado explicó que los cadáveres llegaron al cementerio envueltos en doble bolsa de plástico horrible, lo que ha impedido su proceso normal de análisis, que normalmente toma unos tres o cuatro años. Para permitir que los cuerpos completen su proceso de análisis, las bolsas plásticas deben ser retiradas y, en el caso de aquellos en mejor estado, sus familiares deben pagar otro año de alquiler del espacio.


La administradora enfatizó que los dueños de las bóvedas exigen que se localice a los familiares de los difuntos para que los jubilados, ya que las bóvedas fueron alquiladas y no vendidas. Los costos asociados con la extracción de los cuerpos y el proceso recaen en los familiares de los difuntos.


Este trabajo delicado y potencialmente riesgoso, debido al manejo de cadáveres en división y al riesgo de contagio, es llevado a cabo por trabajadores del cementerio que utilizan equipos de protección especial. Los costos asociados con este proceso son proporcionados por la administración.


La situación se complica aún más debido a que muchos de los fallecidos fueron traídos de otras ciudades de la Costa Caribe debido al colapso de los cementerios locales, y otros murieron en clínicas y hospitales de Montería. La administradora ha intentado contactar a los familiares, pero muchos no han respondido o sus datos de contacto son incorrectos.


En caso de que se cumpla el tiempo de permanencia de los cuerpos en el cementerio sin que nadie los reclame, esto se convertiría en un problema para la administración municipal. Beatriz enfatizó que no permitirá que ningún propietario de bóveda deseche los restos en la calle, ya que esto sería un acto que falta al respeto por los muertos y es considerado un delito según el Artículo 204 del Código Penal.

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