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El Clan del Golfo se ha atribuido la responsabilidad del ataque armado contra el helicóptero del Ejército Nacional que transportaba una comisión integrada por representantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a Tierralta, en Córdoba. Esta revelación fue confirmada por el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina.


Las autoridades realizaron una minuciosa revisión técnica del helicóptero, y los indicios señalaron al Clan del Golfo debido a la ubicación del incidente, el tipo de disparo y otros elementos que apuntan a su implicación en el ataque.


El general Ospina explicó: "El sector en el que el helicóptero fue impactado es un corredor del narcotráfico. Dado que es un corredor del narcotráfico, activamos la inteligencia técnica. A través de esta inteligencia técnica, se pudo determinar que el Clan del Golfo se adjudica el hecho. Esta información se entregó a la Fiscalía General de la Nación una vez fue conocida por el comando de la Séptima División".


Además, el general Ospina agregó: "El Comando del Ejército Nacional, desde el momento en que se enteró de los acontecimientos en la vereda Bocas del Manso, municipio de Tierralta, Córdoba, los repudia enfáticamente y toma las medidas adecuadas para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. De inmediato, se movilizó todos los recursos disponibles y una comisión inspectora del Ejército Nacional se desplazó al lugar de los hechos para llevar a cabo las verificaciones correspondientes".


El general Ospina informó que la unidad militar involucrada en los hechos ha sido retirada de la zona y está bajo investigación. Esta unidad está compuesta por 24 miembros, incluyendo un oficial, dos suboficiales y 21 soldados, y pertenece a la compañía Batalla de Junín, del Batallón de Infantería n.° 33.


"Son diez los militares involucrados, quienes se alejaron de la política institucional, los principios del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normativas y el marco constitucional, según lo que hemos identificado", anunció el alto mando desde Montería.


En la actualidad, la Fiscalía General se encuentra en proceso de judicialización para esclarecer todos los detalles de este acto de violencia.

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