En sus declaraciones, Kerguelén destacó la importancia de garantizar que los niños y adolescentes no se vean expuestos al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, subrayando que, según la Constitución, los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho. Su compromiso con la protección de las generaciones más jóvenes sugiere que su administración buscará implementar medidas específicas para mantener un entorno seguro y libre de drogas para los menores.
Cabe recordar que la normativa ahora derogada, establecida por la ley 1844 del 2018, otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes. La revocación de esta medida ha desencadenado un intenso debate en la opinión pública, especialmente en relación con sus posibles impactos en la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades.
Las opiniones respecto a esta decisión presidencial son variadas. Mientras algunos sostienen que podría contribuir positivamente a la descongestión del sistema judicial y promover enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan su preocupación por un potencial aumento del microtráfico y sus consecuencias en la seguridad de la ciudadanía.
El diálogo en línea también ha sido notable, con numerosos internautas comentando las declaraciones del alcalde electo. Algunos resaltan la necesidad de perseguir al jíbaro como un criminal, mientras se aboga por tratar al drogodependiente como alguien enfermo. La protección de niños, adolescentes y jóvenes frente a estas realidades se presenta como un punto clave en esta discusión que aborda no solo políticas públicas sino también cuestiones éticas y de salud pública.
La sociedad monteriana se encuentra atenta a cómo se desarrollarán las estrategias locales para afrontar esta nueva dinámica normativa.
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