Nuevos capítulos de justicia se revelan en el proceso por el despojo de tierras en el Urabá antioqueño, perpetrado por grupos paramilitares. En esta ocasión, cinco implicados, incluyendo a un exnotario de la capital cordobesa, varios miembros del Fondo Ganadero de Córdoba y funcionarios del Incora, enfrentan duras condenas dictaminadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como deportación, expulsión y traslado o desplazamiento forzado de población, todos en calidad de coautores. Los condenados son Carlos Sotomayor Hodeg, exgerente del Fondo; Orlando Fuentes Hessen, Lía del Carmen Hurtado López, María Inés Cadavid Restrepo y Miguel Puche Yánez, exnotario Tercero de Montería.
Las penas impuestas ascienden a 20 años y 5 meses de prisión para la mayoría, salvo Fuentes Hessen, quien recibió una condena de 16 años y 4 meses. Aunque se solicitó prisión domiciliaria en cuatro casos, esta fue negada, excepto en el caso de Puche Yánez, cuya medida fue revocada permitiéndole cumplir la pena en su vivienda.
Las autoridades sostienen que entre 1997 y 2005, cerca de 40 mil hectáreas fueron despojadas en el Urabá. Además de las condenas, que serán apeladas, el juzgado impuso sanciones económicas significativas, superando en algunos casos los 20 mil salarios mínimos legales vigentes.
Estos hechos se remontan a 1997, cuando directivos del Fondo Ganadero de Córdoba se asociaron con líderes de las autodefensas para despojar a campesinos del Urabá y apropiarse de sus tierras. Benito Molina Velarde, mayor accionista del Fondo, fue condenado en 2016, y la Fiscalía se encargará de indagar a otras personas, incluyendo a miembros de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, por su papel en este caso.
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