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Un nuevo proceso judicial agobia al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, ya que la Fiscalía General de la Nación lo ha imputado por delitos vinculados a la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2022. En esta ocasión, la imputación también alcanza a su esposa, Socorro Oliveros, quien desempeñó el cargo de gerente de la campaña, vinculándolos a ambos con un ingreso supuestamente irregular de 127 millones de pesos.


La investigación se inició a raíz de la demanda presentada por los abogados caleños Óscar Fuentes e Indemaro Lujan Lozada. Según los juristas, Hernández habría invertido esa suma de dinero en su propia campaña mientras enfrentaba procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de Vitalogic, donde ya fue sancionado por la Procuraduría, y el problema de las basuras de Bucaramanga.


Aunque el Consejo Electoral ratificó la revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández en Santander, la demanda argumenta que la ley prohíbe que un particular invierta recursos propios para el financiamiento de campañas si está siendo investigado por delitos de este tipo.


La audiencia, celebrada este viernes, contó con la asistencia virtual de Hernández y su esposa Oliveros, quienes se declararon inocentes y rechazaron los cargos relacionados con la financiación irregular de la campaña política.


El caso seguirá su curso hasta la acusación, donde se determinará si es llevado a juicio o si se desestima. Cabe destacar que Hernández ya cuenta con una hoja de vida marcada por procesos judiciales, incluyendo una inhabilitación de 12 años para cargos públicos, confirmada por la Procuraduría en noviembre del año pasado. En ese caso, la Procuraduría determinó que Hernández celebró un contrato con un interés indebido mientras era alcalde de Bucaramanga, beneficiando a su hijo. Este escándalo de corrupción no impidió que el exalcalde llegara a la segunda vuelta presidencial junto a Gustavo Petro.

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