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La reciente emergencia desencadenada por la ruptura del dique en ‘Caregato’, provocada por el desbordamiento del río Cauca el pasado lunes 6 de mayo, ha desatado una acción contundente por parte de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República (CGR). En un anuncio crucial, se informó que se investigarán los contratos suscritos en los últimos cuatro años para la ejecución de obras en el dique, y se ha ordenado el embargo de cuentas pertenecientes a exdirectores, contratistas y funcionarios vinculados.


El contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, fue quien dio a conocer esta decisión, destacando su importancia en el marco del proceso de responsabilidad fiscal contra varios exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).


Zuluaga explicó a los medios que se ha instruido que todos los incidentes de alta relevancia nacional relacionados con la UNGRD durante los últimos cuatro años sean remitidos a la Unidad Anticorrupción de la CGR. Además, señaló que desde el año anterior se había suspendido al director de la Unidad, siendo la primera entidad en evidenciar las irregularidades presentes en la gestión del riesgo.


En otro frente, la Procuraduría General solicitó al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, un informe detallado sobre las condiciones estructurales y de estabilidad del dique afectado por la emergencia.


Estos movimientos se suman a los embargos realizados el día anterior a las cuentas del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla. Estos embargos están relacionados con una investigación sobre la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira, la cual ha puesto bajo escrutinio a ambos exfuncionarios por presuntos sobrecostos y pagos de sobornos a congresistas que involucran a varios altos funcionarios del gobierno.

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