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| Producto de su accionar ilegal habría generado ingresos superiores a los 3.411 millones de pesos a los integrantes de la red criminal. |
Una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación desarticula una banda dedicada a facilitar identificaciones fraudulentas a migrantes interesados en ingresar a Estados Unidos.
Una exhaustiva investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación asegura el desmantelamiento de una red criminal organizada que, desde al menos 2021, ha estado suministrando documentación falsa a migrantes venezolanos y dominicanos que buscan ingresar a Estados Unidos.
Según la Delegada contra la Criminalidad Organizada, Diana Vanessa Janne Gamarra, junto con un cómplice extranjero y otros familiares y colaboradores cercanos, dirigían la red ilegal. Esta presuntamente ubicaba extranjeros en situación irregular para proporcionarles transporte, alojamiento y acceso a cédulas y pasaportes colombianos, cobrando entre 2.000 y 4.000 dólares por cada documento.
Un fiscal del grupo de casos prioritarios de la Delegada contra la Criminalidad Organizada descubrió que la red contaba supuestamente con la complicidad de funcionarios de la Registraduría y la Cancillería, quienes, a cambio de sobornos, proporcionaban los documentos a extranjeros de República Dominicana y Venezuela.
La Fiscalía ha identificado al menos 73 trámites irregulares, incluyendo uno en el que se procesaron documentos para 53 personas. Además, análisis de bases de datos revelaron cientos de transferencias nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos, dirigidas a miembros de la organización criminal.
Los implicados fueron capturados por la Dijin de la Policía Nacional en operativos realizados en diversas regiones del país. Como resultado de la investigación, la Registraduría ha anulado 344 cédulas originales colombianas y la Cancillería ha advertido sobre al menos 304 pasaportes expedidos irregularmente en lo que va del año.
Los acusados enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. De los procesados, 18 han admitido parcial o totalmente su responsabilidad en los delitos imputados.
Por disposición de un juez de control de garantías una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario; 24 afectadas con detención domiciliaria y 6 más continúan vinculadas a la investigación.
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