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La Ley 172/23 exime a una población estudiantil específica del pago de derechos de grado

La senadora Ana María Castañeda anunció que la Ley 172/23, la cual busca eximir a una población estudiantil específica del pago de derechos de grado, ha pasado a sanción presidencial. Esto significa que la ley ha superado todos los debates en el Congreso y solo falta la firma del presidente para que entre en vigencia.


La propuesta tiene un fuerte enfoque social y está dirigida a estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén 4, así como a grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad. El objetivo es eliminar el costo de los derechos de grado, lo que representará una disminución significativa en la carga financiera de los estudiantes que están a punto de concluir sus estudios profesionales.


“Hoy le entregamos al país una nueva ley: gratuidad en los derechos de grado para estudiantes de pregrado de las instituciones públicas. Con esta iniciativa del representante Silvio Carrasquilla beneficiamos a jóvenes de sectores vulnerables”, expresó la senadora del partido Cambio Radical.


Actualmente, el costo promedio de un derecho de grado puede alcanzar incluso el millón de pesos, lo que desmotiva a muchas personas que no tienen los recursos necesarios y se sienten limitadas en esta etapa crucial de transición en sus vidas. "Un estudiante que ha superado sus retos académicos ya se ha ganado el derecho a graduarse y no debería tener que pagar por ello", señaló la senadora.


Esta ley representa un avance significativo en la reducción de barreras económicas para la educación superior en Colombia, beneficiando a miles de estudiantes de sectores vulnerables y promoviendo una mayor equidad en el acceso a la educación.



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