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Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2024, en un camino rural. Defensores de derechos humanos exigen justicia y transparencia en el caso |
Las víctimas fueron identificadas como Keisi Isabel Pernet Estrada, de 16 años; su pareja, Kemil Segundo Royero Pardo, de 17; y el padre de este último, Enrique Segundo Royero Quintero. Según los testimonios, el ataque se perpetró con extrema violencia en un camino que conecta los municipios de Corozal y San Juan de Betulia.
Aníbal Garay, abogado y defensor de derechos humanos, aseguró tener en su poder audios y declaraciones que incriminan directamente a un funcionario público como autor del crimen. “Exigimos que la Fiscalía General de la Nación actúe con diligencia y analice rigurosamente las pruebas presentadas. No podemos permitir que este caso quede en la impunidad”, manifestó Garay.
Familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado a las autoridades que adelanten una investigación exhaustiva y transparente. “Seguiremos atentos al proceso, porque este caso debe sentar un precedente de justicia y reparación para las familias afectadas”, concluyó Garay.
Los hechos han generado un fuerte rechazo en la comunidad, que espera respuestas claras y sanciones ejemplares para los responsables de este acto atroz.
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