Estos congresistas tienen "procesos abiertos con identificación predial específica" y estarían involucrados en la acumulación indebida de baldíos |
Entre los señalados está el senador y exalcalde de Cereté, Córdoba, Marcos Daniel Pineda García, vinculado con terrenos en ese municipio. También figuran Liliana Esther Bitar, por ocupaciones en Ciénega de Oro y San Carlos, Córdoba; Samy Merheg, con predios en Vichada y Valle del Cauca; y Lidio García Turbay, en San Juan Nepomuceno, Bolívar. En la Cámara de Representantes aparecen Carlos Cuenca Chaux, en Puerto Carreño, Vichada; Luis Eduardo Díaz Mateus, en Cerrito, Santander; y Ana Paola García Soto, en Buenavista, Córdoba.
Los familiares de la senadora Paloma Valencia también están en la mira, por presuntas irregularidades en Vichada y Tolima.
Según Harman, estos congresistas tienen "procesos abiertos con identificación predial específica" y estarían involucrados en la acumulación indebida de baldíos, tierras que, por ley, deben destinarse a campesinos sin tierra.
El funcionario aclaró que todos los investigados contarán con las garantías procesales para explicar el origen de esas tierras, pero advirtió que “al menos uno de cada tres congresistas tiene vínculos con temas de baldíos”.
Las investigaciones avanzan en el marco de la reforma agraria que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, un tema clave del Acuerdo de Paz, y que busca frenar la concentración ilegal de tierras.
Además de los congresistas, el ANT ha vinculado en estas pesquisas a otros representantes, incluyendo Wadith Manzur (Partido Conservador), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Curules de Paz), Wilmer Guerrero (Partido Liberal) y Óscar Villamizar (Centro Democrático).
Por ahora, ninguno de los implicados ha emitido pronunciamiento sobre las denuncias, mientras el país sigue atento a los avances de estas investigaciones que prometen sacudir la política nacional.
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