Guatemala ordena captura de la fiscal Luz Adriana Camargo y del exministro Iván Velásquez por el caso Odebrecht, pero el Gobierno la desautoriza

Ambos colombianos, reconocidos por su papel en la desarticulación de redes corruptas durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

Un nuevo capítulo de tensión judicial y diplomática se abrió este lunes 2 de junio entre Colombia y Guatemala, luego de que la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ordenara la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa Iván Velásquez, actual embajador ante el Vaticano, por su presunta vinculación con irregularidades en el caso Odebrecht.

Ambos colombianos, reconocidos por su papel en la desarticulación de redes corruptas durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), liderada por Rafael Curruchiche, de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, colusión y obstrucción de justicia.

Según la acusación, Velásquez habría liderado una estructura criminal que facilitó acuerdos anómalos con directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017, generando —según el expediente— un daño económico superior a Q3.000 millones al Estado guatemalteco. La medida también incluyó la solicitud de una alerta roja a Interpol y la vinculación de los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Eva Xiomara Sosa, quienes también trabajaron en la Cicig.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Guatemala no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la administración del presidente Bernardo Arévalo rechazó de forma categórica la decisión judicial, asegurando que no cuenta con respaldo legal y que además viola acuerdos internacionales firmados con Naciones Unidas, los cuales aún protegen con inmunidad a los exfuncionarios de la Cicig.

“El Ejecutivo considera que esta orden carece de sustento jurídico y representa un atropello al Estado de derecho y a los principios fundamentales de la justicia internacional”, señaló el comunicado. El gobierno guatemalteco recordó además que la Sala Tercera, presidida por el juez Alejandro Prado, ha sido blanco de denuncias por decisiones controvertidas, incluyendo el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora y procesos judiciales contra figuras del Movimiento Semilla.

Desde Colombia, la Cancillería también se pronunció, calificando la orden como “una persecución sin fundamento” y un “acto de represalia” contra quienes combatieron la corrupción en Guatemala. Por su parte, el exfiscal Sandoval, hoy exiliado en EE. UU., aseguró que los magistrados de apelación no tienen facultades legales para ordenar capturas.

La ONU, por su parte, reiteró en 2024 que los exfuncionarios de la Cicig siguen amparados por inmunidad legal internacional, bajo el acuerdo que rigió su operación entre 2007 y 2019.

Mientras tanto, la orden de captura permanece en entredicho, marcada por un choque entre poderes y una disputa entre justicia local y convenios internacionales.