La ANT descubrió que el predio de 700 hectáreas y con 500 reses era utilizado sin pagar un peso. El terreno había sido destinado para reparación de víctimas. |
Sin embargo, funcionarios de la ANT descubrieron que el terreno estaba siendo explotado de forma indebida por un finquero de la región, quien ocupaba la propiedad y se beneficiaba de su producción ganadera sin pagar un solo peso al Estado ni a las entidades encargadas del proceso de restitución.
El hallazgo fue calificado como preocupante, ya que la finca hacía parte de los bienes destinados específicamente a la reparación colectiva y debía ser administrada conforme a los lineamientos de justicia y restitución.
La ANT anunció que tomará medidas legales y administrativas para recuperar el control de la finca, y garantizar que los recursos y tierras asignadas cumplan su verdadero propósito: resarcir a las víctimas del conflicto. Asimismo, se espera que la Fiscalía investigue cómo se permitió la ocupación irregular del predio y si hubo omisiones por parte de entidades locales.
Este caso pone nuevamente en evidencia las dificultades que enfrenta el país en el manejo y protección de los bienes entregados por estructuras criminales, y abre la puerta a nuevas auditorías en predios entregados con fines de reparación en otras regiones del país.
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