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| Los de Cuello Negro— obtenía más de 2.000 millones de pesos mensuales por la venta del hidrocarburo |
Una investigación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada al hurto de crudo transportado por Ecopetrol, que durante años obtuvo millonarias ganancias mediante un sofisticado sistema de extracción y comercialización ilegal.
Según las autoridades, la organización —identificada como Los de Cuello Negro— obtenía más de 2.000 millones de pesos mensuales por la venta del hidrocarburo sustraído del oleoducto Caño Limón–Coveñas, alcanzando pérdidas superiores a 9 millones de dólares para el Estado colombiano y la empresa petrolera.
Durante cuatro años, la Fiscalía siguió el rastro de seis empresas fachada que operaban bajo apariencia de legalidad. Estas compañías utilizaban la infraestructura energética para trasladar, almacenar y procesar el crudo hurtado, el cual posteriormente era acondicionado y vendido en el mercado formal.
El director especializado contra las organizaciones criminales, Nelson Escobar, explicó que la red contaba con equipos técnicos avanzados y personal calificado, incluido un ingeniero de petróleos encargado de transformar el hidrocarburo y garantizar su inserción en cadenas de comercialización aparentemente legítimas.
“La investigación permitió establecer que existieron prácticas irregulares que no solo afectaron las finanzas del Estado y de Ecopetrol, sino que también pusieron en riesgo la seguridad energética del país y provocaron daños ambientales en las zonas perforadas”, afirmó Escobar.
Como resultado de la operación, fueron capturados los propietarios y administradores de las seis empresas implicadas, así como otros colaboradores logísticos. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.
Además, el ente acusador anunció una nueva fase de investigación para determinar si miembros de la fuerza pública o funcionarios de Ecopetrol facilitaron el hurto mediante filtración de información o colaboración en la logística de transporte del crudo.
“En todo el entramado de esta organización existió apoyo de miembros de la fuerza pública que están siendo investigados. Este tipo de delitos golpea las finanzas del país y pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y comunidades cercanas a los oleoductos”, señaló Escobar.
Con este golpe, la Fiscalía busca cerrar uno de los esquemas más sofisticados de robo de hidrocarburos detectados en los últimos años, responsable de graves afectaciones económicas y ambientales en el país.
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