Las denuncias señalan que, luego de la aparente salida de su suegra del esquema de decisiones, el control del programa habría quedado en manos de su hermana Osnardi Acuña y del director de Catastro, Cristian Blanquiceth. Este hecho genera cuestionamientos sobre por qué funcionarios de áreas ajenas al sector educativo estarían interviniendo en la gestión de un contrato destinado a la alimentación de niños y jóvenes.
Según los denunciantes, estas actuaciones podrían constituir una extralimitación de funciones y configurar un entramado de favorecimientos donde el verdadero beneficiario del programa sería el propio alcalde, mientras los operadores funcionarían como fachada.
La ciudadanía y diversos sectores sociales han exigido la intervención inmediata de los entes de control para investigar los hechos, esclarecer responsabilidades y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.


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