Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

Según las autoridades, estos bienes podrían estar vinculados a recursos desviados en el entramado contractual de Centros Poblados

La relación sentimental de la congresista Saray Robayo con el convicto  empresario Emilio Tapia, condenado en dos de los mayores escándalos de corrupción del país, vuelve a generar repercusiones judiciales. Esta vez, el impacto se centra en el ámbito patrimonial, luego de que cinco bienes de su propiedad quedaran bajo medidas cautelares con fines de extinción de dominio en el marco del caso Centros Poblados.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, dentro de las investigaciones por el desfalco al contrato de conectividad rural del Ministerio de las TIC, se adoptaron medidas sobre 23 bienes de varios implicados. Entre ellos figuran los cinco inmuebles de Robayo:

Un penthouse en Coveñas, Sucre.

Dos apartamentos en Coveñas, Sucre.

Un lote en San Bernardo del Viento, Córdoba.

El predio “El Chinchorro” en Montería, Córdoba.

Según las autoridades, estos bienes podrían estar vinculados a recursos desviados en el entramado contractual de Centros Poblados, por lo que fueron objeto de medidas cautelares mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La medida de extinción de dominio es de carácter patrimonial, y busca que bienes cuyo incremento o adquisición se presume de origen ilícito pasen al Estado. Aunque no implica responsabilidad penal directa para Robayo, el anuncio ha reavivado la controversia pública en torno a su relación con Tapia, quien recientemente recuperó su libertad tras ser condenado por corrupción.

Adicionalmente, Tapia hace uso del esquema de seguridad y vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a la congresista, como lo permite la normativa vigente para cónyuges, situación que ha generado debate debido a su historial judicial.