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| Esta es la primera vez que la JEP vincula simultáneamente a guerrilla, fuerza pública y civiles en un mismo caso bajo su competencia |
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 34 personas —entre ellas exintegrantes de las Farc, exmiembros del Ejército y cinco civiles, incluyendo exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba— por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.
Esta es la primera vez que la JEP vincula simultáneamente a guerrilla, fuerza pública y civiles en un mismo caso bajo su competencia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones de violencia sistemática:
Eliminación por prejuicio enemigo: asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual perpetrados por Farc y miembros del Ejército.
Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento: participación de militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.
Control sociocultural y territorial: violencia y cooptación de comunidades por parte de la guerrilla.
Entre los imputados destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras durante el conflicto.
La investigación reconoce un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. Hasta la fecha, la JEP ha acreditado más de 54.000 víctimas y recibido 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.
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