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El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo,
Gobierno deberá expedir un nuevo decreto en ocho días, ajustado a criterios legales y de concertación entre empresarios y trabajadores.


El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo, informó en primicia el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu. Se trata de una medida cautelar adoptada por un magistrado ponente, que ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.


El magistrado que estudia la legalidad del decreto —que estableció un incremento del 23,78 %— dictó la suspensión provisional mientras se resuelve la demanda de fondo. Esto implica que los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita un nuevo acto administrativo que cumpla con los criterios técnicos exigidos por la ley.


El nuevo decreto deberá ser transitorio y aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo. Entre estos criterios se incluyen la inflación, la productividad y el comportamiento económico, factores que deben ser considerados dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La medida recalca que el incremento no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en indicadores objetivos previamente establecidos.


El pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento histórico del 23,7 % del “salario mínimo vital”, fijando el salario para 2026 en dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. Según lo informado, el salario quedó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio, sumando un total de dos millones de pesos.


Mientras se emite el nuevo decreto transitorio, el proceso continuará su curso en el alto tribunal administrativo, que posteriormente decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento.

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