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| La entidad explicó que la asignación y entrega de donaciones se realiza exclusivamente mediante solicitudes formales |
A través de un pronunciamiento oficial, la DIAN fue enfática en señalar que no recibe ni tramita solicitudes de donaciones provenientes de congresistas, partidos políticos, particulares o personas naturales, precisando que estos actores no están facultados para intervenir en los procesos de disposición de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas (ADA) administradas por la entidad.
La entidad explicó que la asignación y entrega de donaciones se realiza exclusivamente mediante solicitudes formales presentadas por entidades territoriales del orden municipal, distrital o departamental, así como por organismos públicos habilitados conforme a la normatividad vigente.
En ese marco, la DIAN confirmó que en las últimas horas entregó mercancías valoradas en $544 millones al municipio de Montería, tras una solicitud formal presentada por la Alcaldía, la cual fue priorizada para agilizar la atención humanitaria a las familias damnificadas.
Adicionalmente, la entidad informó que realizó ofrecimientos de mercancías ADA a la Gobernación de Córdoba por un valor superior a $1.051 millones, y anunció que en las próximas horas se efectuarán nuevas entregas a la Defensa Civil Colombiana, con el fin de fortalecer la respuesta del Gobierno nacional en las zonas más afectadas por la emergencia.
Según la DIAN, estas donaciones, cuyo valor total supera los $3.500 millones, serán entregadas a las familias damnificadas a través de la Defensa Civil Colombiana y el Ministerio de Defensa Nacional, garantizando trazabilidad, transparencia y correcta destinación de los recursos.
Pese a la aclaración oficial, la congresista Saray Robayo sostuvo en sus redes sociales que continúa “aunando esfuerzos y tocando las puertas necesarias” para que la ayuda llegue a las comunidades afectadas en Montería y otros municipios de Córdoba.
La controversia se da en medio de la grave emergencia por lluvias e inundaciones que vive el departamento, un contexto en el que incluso el presidente Gustavo Petro ha advertido sobre intentos de utilización política de las ayudas estatales, reiterando el llamado a proteger la dignidad de las familias damnificadas y a respetar los canales institucionales de atención.


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