Ministro del Interior alerta por presunta compra de votos que involucraría al registrador de Córdoba

De acuerdo con Benedetti, en el audio se hablaría de una suma de 100 millones de pesos por mil votos

Armando Benedetti afirmó que existe una grabación en la que el funcionario supuestamente pide 100 millones de pesos por mil votos. El material será enviado a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido durante la jornada electoral.

En medio de la jornada electoral de este domingo en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una alerta sobre una presunta irregularidad que involucraría al registrador del departamento de Córdoba.

Según informó el jefe de la cartera política, existiría una grabación en la que el funcionario supuestamente estaría solicitando dinero a cambio de votos. De acuerdo con Benedetti, en el audio se hablaría de una suma de 100 millones de pesos por mil votos, lo que podría configurar un delito electoral.

“El registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido”, señaló el ministro.

Benedetti explicó que el material será entregado a la Fiscalía General de la Nación para que se determine la veracidad de la grabación y se establezca si hubo o no una conducta irregular relacionada con el proceso electoral.

La advertencia se conoció mientras millones de colombianos participan en las elecciones para elegir a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030, además de las consultas internas de algunos partidos para definir precandidatos presidenciales.

El Ministerio del Interior también indicó que durante toda la jornada electoral se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se realiza el seguimiento al desarrollo de las votaciones en todo el país.

Este mecanismo articula la coordinación entre el Gobierno nacional, autoridades territoriales, organismos de control y entidades judiciales, con el objetivo de prevenir delitos electorales y atender cualquier denuncia que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.

Finalmente, el Gobierno invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude o irregularidad, con el fin de garantizar que la jornada electoral se desarrolle con transparencia y legitimidad.