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La audiencia, programada para el 14 de abril, será determinante para establecer si la investigación puede avanzar
Un tribunal revisará la apelación contra el archivo del caso y decidirá si avanza el proceso bajo el principio de jurisdicción universal


La justicia de Argentina llevará a cabo una audiencia clave que definirá el futuro de la investigación internacional contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en relación con presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato entre 2002 y 2008.


El proceso entró en una nueva etapa luego de que fuera apelada la decisión adoptada en 2025 por un tribunal argentino que había ordenado archivar la causa. Ahora, la Cámara Criminal y Correccional Federal deberá determinar si el expediente continúa su curso o si se confirma su cierre definitivo.


La audiencia, programada para el 14 de abril, será determinante para establecer si la investigación puede avanzar bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales extranjeros intervenir en casos de graves violaciones a los derechos humanos cuando no existen avances efectivos en el país donde ocurrieron los hechos.


La acción judicial fue presentada en 2023 por un grupo de víctimas, junto con organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Los demandantes buscan que la justicia argentina investigue la posible responsabilidad del exmandatario en miles de casos documentados como ejecuciones extrajudiciales.


De acuerdo con la representación de las víctimas, en Colombia no se han desarrollado procesos penales efectivos contra el exjefe de Estado por estos hechos. Argumentan que existen limitaciones institucionales, como el fuero presidencial y los obstáculos en instancias judiciales y políticas, que han impedido avances significativos.


La decisión del tribunal argentino podría sentar un precedente en la región y abrir nuevas vías para la búsqueda de justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales enfrentan restricciones para investigar a altos funcionarios.

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