La Procuraduría General de la Nación ordenó levantar la suspensión provisional de once dragoneantes del Inpec vinculados al escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Antioquia, donde participaron cabecillas de estructuras criminales y se permitió el ingreso de artistas y personas externas.
La decisión se tomó tras declarar la nulidad del proceso disciplinario que sustentaba la sanción, al evidenciar fallas en su trámite. El Ministerio Público determinó que se adelantaron de manera simultánea la indagación previa y la apertura formal de la investigación, vulnerando el debido proceso.
Como consecuencia, todas las actuaciones quedaron sin efecto, incluida la suspensión de los funcionarios, quienes ahora podrán regresar a sus cargos mientras se define cómo reiniciar el proceso bajo los parámetros legales correspondientes.
El caso generó rechazo en el país tras conocerse detalles de la celebración al interior del penal, en la que hubo consumo de licor, ingreso irregular de equipos de sonido y presentaciones musicales, entre ellas la del cantante Nelson Velásquez.
De manera paralela, se mantiene en evaluación el traslado de los cabecillas involucrados, medida que habría sido impulsada por el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta su participación en procesos de diálogo con el Gobierno que actualmente se encuentran suspendidos.
Las indagaciones también dejaron al descubierto serias fallas en los controles del centro penitenciario, como el ingreso de bebidas alcohólicas y visitantes sin autorización, así como la ausencia de un sistema adecuado de cámaras de vigilancia, lo que ha complicado la recolección de pruebas y el esclarecimiento de responsabilidades.
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