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| Según la investigación, los trabajadores ilegales no solo ignoraron las órdenes de retiro, sino que habrían enfrentado a los uniformados |
La investigación del fotoperiodista Federico Ríos reveló la existencia de una mina de oro a gran escala, conocida como “La Mandinga”, que estaría funcionando dentro del perímetro del Batallón Rifles 31, una unidad militar estratégica en el noroeste del país.
De acuerdo con el reporte, pese al evidente impacto ambiental —deforestación visible desde el aire y el constante ruido de maquinaria pesada—, los mandos militares habían negado reiteradamente la presencia de esta actividad ilegal en sus predios.
El comandante del batallón, el coronel Daniel Echeverry, inicialmente sostuvo que era imposible la existencia de minería en la base. Sin embargo, tras un recorrido por la zona, se encontró con un panorama de excavaciones, pozos fangosos y mineros operando a escasos 137 metros de instalaciones como la piscina y áreas internas del batallón.
Según la investigación, los trabajadores ilegales no solo ignoraron las órdenes de retiro, sino que habrían enfrentado a los uniformados con machetes, piedras e incluso rociaron gasolina durante el tenso episodio.
Uno de los aspectos más graves del caso es que los mineros pagarían un impuesto directo al Clan del Golfo por permitir la explotación del yacimiento, recursos que fortalecerían las finanzas del grupo armado y su control territorial en la región.
Además, el informe señala que parte del oro extraído ilegalmente terminaría ingresando a mercados internacionales, incluso llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, burlando los controles y certificaciones de origen.
Este caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre posibles fallas graves en los controles institucionales o incluso una eventual connivencia, al permitir que una de las principales fuentes de financiación de estructuras criminales opere dentro de una instalación militar.
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