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| En un documento de 52 páginas, los togados cuestionaron la solidez de las pruebas y calificaron como “especulación” |
Un fuerte debate jurídico se desató al interior de la Corte Suprema de Justicia tras el salvamento de voto presentado por los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda frente a la decisión de acusar a cinco congresistas por el escándalo de la UNGRD.
En un documento de 52 páginas, los togados cuestionaron la solidez de las pruebas y calificaron como “especulación” los argumentos utilizados para estructurar el delito de cohecho, así como para ordenar la detención de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique.
Según los magistrados disidentes, la investigación habría incurrido en un exceso al criminalizar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. A su juicio, la gestión de recursos para proyectos regionales —conocida como “mermelada”— puede ser un mecanismo de negociación política válido, siempre que no implique beneficios económicos indebidos.
El salvamento también advierte que no se logró demostrar que los congresistas hayan recibido dinero o promesas a cambio de sus votos en la Comisión de Crédito Público. En ese sentido, señalaron que, aunque la actividad política puede moverse en zonas grises, en este caso no existen pruebas suficientes para afirmar la comisión de un delito.
Finalmente, Reyes y Rueda alertaron que la decisión mayoritaria se aparta de la jurisprudencia previa y se basa en una interpretación que califican como peligrosa. Consideran que no se establecieron con claridad las circunstancias del supuesto acuerdo ilegal, por lo que la medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique carecería de sustento jurídico.
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