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| Según el exuniformado, en esta estructura se estarían comercializando certificados de bachillerato y cursos de escolta de forma “express” |
De acuerdo con la denuncia, el mayor David Camilo Medina Rodríguez, quien se desempeña como ejecutivo y segundo comandante de la unidad, sería el presunto articulador de estas prácticas. Como respaldo, Chala entregó capturas de conversaciones de WhatsApp y registros de certificados que, según afirma, fueron tramitados a través de entidades como la Corporación Educativa General Santander y el Instituto Internacional de Seguridad Integral.
Los documentos tendrían un costo aproximado de 650 mil pesos y, presuntamente, los pagos se realizaban mediante transferencias digitales, lo que permitía que soldados fueran registrados en plataformas oficiales sin haber asistido a clases. Esta situación encendería las alarmas sobre posibles irregularidades en el sistema educativo y de formación dentro de la institución.
El caso también involucra cuestionamientos sobre la supervisión de entidades externas, que operarían con licencias aparentemente legales ante autoridades como la Secretaría de Educación de Santander y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Ante la gravedad de los señalamientos, el sargento retirado solicitó la intervención del Gobierno Nacional para revisar los permisos de funcionamiento de estas instituciones y proteger los derechos de los soldados. Entre tanto, sectores que promueven la transparencia consideran que este caso refuerza la necesidad de continuar los procesos de depuración dentro de las fuerzas militares.
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