Wadith Manzur podría ser el primer congresista en posesionarse desde una cárcel en Colombia

Ahora, el eventual escenario de posesión de un congresista privado de la libertad abriría un nuevo debate jurídico y político en el país

La Corte Suprema no se pronunció sobre el caso y dejó en manos del Senado definir si una medida de aseguramiento impediría el ejercicio del mandato. El acto de posesión está previsto para el 20 de julio.

En el departamento de Córdoba se registra un antecedente político poco común: dos alcaldes ya habían asumido sus cargos estando privados de la libertad, y ahora podría sumarse un hecho inédito a nivel nacional con la eventual posesión de un senador desde un centro penitenciario.

Se trata del senador conservador Wadith Manzur Imbett, quien actualmente es representante a la Cámara y resultó elegido para el Senado con la mayor votación de su colectividad, alcanzando cerca de 135 mil sufragios en los comicios del pasado 8 de marzo.

El congresista se encuentra privado de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, tras entregarse voluntariamente a la Fiscalía hace aproximadamente un mes. Es señalado por el presunto delito de cohecho impropio, en medio del proceso relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su defensa, encabezada por el abogado Francisco Javier Araújo Morelos, elevó un derecho de petición a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para consultar si era posible su posesión como senador el próximo 20 de julio, fecha de instalación del Congreso.

Sin embargo, el alto tribunal evitó emitir un concepto de fondo y trasladó la discusión al Senado de la República, al considerar que debe definirse si una medida de aseguramiento preventiva impide o no el ejercicio del mandato derivado del voto popular, incluso sin una condena en firme.

El antecedente más cercano en Córdoba se remonta a enero de 2012, cuando los alcaldes de Moñitos, José Félix Martínez Bravo, y de Los Córdobas, Bonifacio Contreras Díaz, asumieron sus cargos estando detenidos. Ambos casos estuvieron relacionados con investigaciones por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales en el marco del proceso con las autodefensas en la región.

Ahora, el eventual escenario de posesión de un congresista privado de la libertad abriría un nuevo debate jurídico y político en el país sobre el alcance del mandato electoral frente a las medidas de aseguramiento.