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| El caso abrió un nuevo debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de intereses |
El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, enfrenta fuertes cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses relacionado con el decreto legislativo 174 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para declarar de utilidad pública varios terrenos baldíos destinados a procesos de recuperación ambiental en la región Caribe.
La controversia surgió luego de que el propio magistrado reconociera ser propietario de predios ubicados en Santa Cruz de Lorica, los cuales podrían verse afectados por las medidas contempladas en el decreto.
El secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo Camacho, aseguró que Camargo tendría al menos tres predios en los departamentos de Córdoba y Sucre, además de otros terrenos relacionados con familiares cercanos en la misma zona.
A las críticas se sumó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien denunció públicamente que el magistrado y miembros de su familia habrían acumulado baldíos de la Nación en áreas estratégicas del bajo Sinú, situación que, según afirmó, habría afectado a comunidades campesinas y ecosistemas ligados al río Sinú.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, defendió el alcance de la norma y explicó que el propósito del decreto es recuperar la Ciénaga Grande del bajo Sinú, así como restablecer el flujo natural del agua en sectores intervenidos ambientalmente durante décadas.
En medio de la controversia, la Corte Constitucional rechazó el impedimento presentado por Camargo Assis, decisión que le permitirá participar y votar en el estudio de constitucionalidad del decreto, pese a que la determinación podría impactar directamente predios vinculados a él y a su núcleo familiar.
El caso abrió un nuevo debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de intereses dentro de las altas cortes, especialmente frente a decisiones relacionadas con tierras, propiedad rural y recuperación ambiental en regiones históricamente afectadas por disputas sobre baldíos de la Nación.
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