A través de un pronunciamiento unificado, los gobernadores solicitaron además una audiencia con los magistrados, con el propósito de explicar de primera mano la magnitud de la emergencia, el impacto social y económico en miles de familias, así como los avances que se han logrado en materia de atención y recuperación.
Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respaldó la solicitud y advirtió que una eventual anulación de los decretos pondría en riesgo la continuidad de las acciones humanitarias.
Según indicó, más de 120 mil familias damnificadas podrían verse afectadas, especialmente en zonas vulnerables donde las ayudas y obras de mitigación dependen directamente de estas medidas excepcionales.
Las autoridades regionales insisten en que mantener los decretos es clave para garantizar la atención oportuna, la reconstrucción de las zonas impactadas y la protección de las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del fenómeno climático.

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