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| Entre los sancionados se encuentra el teniente coronel retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo |
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de nueve integrantes de la Policía Nacional por su responsabilidad en la masacre ocurrida el 25 de julio de 2022 en el corregimiento de Chochó, jurisdicción de Sincelejo, Sucre, donde fueron asesinados los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz.
Entre los sancionados se encuentra el teniente coronel retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Sucre. La Procuraduría ratificó en su contra una inhabilidad de 19 años para ejercer cargos públicos, tras hallarlo disciplinariamente responsable por los hechos.
Núñez también cumple una condena penal de 29 años de prisión luego de aceptar cargos por homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y alteración de elementos materiales probatorios. Tras el crimen, el exoficial huyó a México, pero posteriormente fue deportado a Colombia para responder ante la justicia.
La decisión disciplinaria también confirmó una inhabilidad de 15 años para el capitán Cristian Alberto Betancur Salamanca. Asimismo, los patrulleros Eduard de Jesús de la Rosa Juez, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Leila Carolina Ávila Pestana y Diana Marcela Puerta Rodríguez fueron sancionados con 13 años de inhabilidad.
Por su parte, Santiago Garavito Díaz y Rafael Paz Barboza recibieron sanciones de 11 años para ejercer funciones públicas.
En el fallo, la Procuraduría reconoció como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza, hermana de José Carlos Arévalo Contreras, al considerar que presenció las agresiones contra el joven y participó como testigo dentro del proceso disciplinario.
La entidad sostuvo que, debido a la gravedad de los hechos y al enfoque de derechos humanos aplicado al caso, se decidió confirmar en su totalidad las sanciones impuestas contra los uniformados involucrados en uno de los casos más graves de violencia policial registrados en el departamento de Sucre.
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