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| La congresista precisó que cualquier medida de esa naturaleza no puede ser adoptada de manera unilateral |
La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, rectificó el auto que inicialmente había generado controversia política y jurídica por el que se planteaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio.
En la modificación del documento, la congresista precisó que cualquier medida de esa naturaleza no puede ser adoptada de manera unilateral y deberá ser sometida a votación dentro de la Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, señaló que, de avanzar, el proceso tendría que seguir su curso institucional hasta llegar al Senado de la República, instancia que tendría la última palabra.
La aclaración se produjo tras las reacciones generadas por el auto inicial, que fue interpretado por distintos sectores políticos y jurídicos como un intento sin precedentes de apartar del cargo al jefe de Estado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó que la Comisión de Acusación tiene funciones de instrucción y no de decisión sancionatoria, por lo que no puede ordenar la suspensión del Presidente.
En paralelo, se conocieron reacciones de distintos actores políticos. El representante Leonardo Gallego anunció su renuncia a la Comisión, argumentando preocupaciones por el alcance jurídico y político de la decisión. Desde sectores del Congreso y la Gobernación de Antioquia también se emitieron pronunciamientos encontrados sobre la controversia.
El presidente Gustavo Petro rechazó el auto inicial y lo calificó como una actuación irregular, mientras que su gobierno ha insistido en que cualquier actuación debe respetar estrictamente el fuero constitucional del mandatario.
Por su parte, el abogado y exministro Luis Felipe Henao presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la congresista Arizabaleta por el presunto delito de prevaricato por acción, al considerar que la decisión se habría adoptado por fuera del procedimiento constitucional.
Con la rectificación, el caso queda ahora en manos de la Comisión de Acusación, que deberá definir si abre o no el debate sobre la eventual medida dentro del marco legal correspondiente.
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