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| La investigación pretende establecer si existió alguna relación entre el exmandatario y grupos paramilitares |
La Comisión Colombiana de Juristas expresó su respaldo a la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal y llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que busca esclarecer presuntos vínculos con estructuras paramilitares que operaron en Antioquia.
A través de un comunicado, la organización señaló que esta actuación judicial constituye un paso importante para las víctimas y para el esclarecimiento de hechos que han sido objeto de investigación durante años.
“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”, indicó la Comisión.
La investigación pretende establecer si existió alguna relación entre el exmandatario y grupos paramilitares que habrían operado desde la hacienda Las Guacharacas, en Antioquia. Asimismo, busca esclarecer posibles nexos con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, así como con la masacre de San Roque.
El expediente también incluye la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que denunció la presencia y actuación de grupos paramilitares en Antioquia durante la administración departamental de Uribe Vélez. Valle Jaramillo fue asesinado en 1998.
Los representantes jurídicos de la familia del abogado recordaron que, en 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad varios de los hechos que hacen parte de esta investigación.
Además, señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos relacionadas con las masacres de Ituango en una sentencia de 2006, y posteriormente por el asesinato de Valle Jaramillo en un fallo emitido en 2008.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, estos antecedentes judiciales refuerzan la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar los derechos de las víctimas.
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