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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena contra Santiago Uribe Vélez, señalado por la justicia como uno de los líderes de la organización ilegal conocida como ‘Los 12 Apóstoles’, grupo que operó en el norte de Antioquia y que, según las investigaciones judiciales, estuvo involucrado en acciones de “limpieza social” con presunta participación de agentes estatales.
La decisión ratifica la sentencia de 28 años de prisión impuesta por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, tras revisar la garantía de doble conformidad, debido a que Uribe había sido absuelto en primera instancia y posteriormente condenado en segunda.
El alto tribunal concluyó que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo responsabilidad en el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un vehículo de transporte rural que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal, Antioquia. Barrientos fue asesinado por sicarios luego de ser señalado por integrantes del grupo como supuesto colaborador de la guerrilla.
De acuerdo con el expediente, la víctima había sido previamente identificada por miembros de la organización. La sentencia señala que Santiago Uribe habría recibido información sobre las presuntas actividades de Barrientos y participado en la coordinación de acciones con otros integrantes del grupo para concretar el crimen.
La investigación sobre ‘Los 12 Apóstoles’ se remonta a 1995, cuando comenzaron las denuncias sobre varios homicidios ocurridos en Yarumal. Las pesquisas permitieron establecer la existencia de una estructura criminal que, según la justicia, contaba con una red de apoyo que incluía integrantes de la fuerza pública.
Uno de los testimonios clave fue el del exteniente de la Policía Juan Carlos Meneses, quien declaró desde Argentina en 2010 y vinculó a Santiago Uribe con el funcionamiento del grupo. Sus declaraciones hicieron parte del conjunto de pruebas valoradas por los jueces durante el proceso.
En la sentencia, la Corte concluyó que Uribe actuó de manera consciente y voluntaria en las conductas por las que fue procesado, y señaló que no existían elementos que permitieran excluir su responsabilidad penal. Con esta decisión, queda en firme la condena contra el ganadero antioqueño, cerrando uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con el paramilitarismo en Colombia.
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