El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, anunció este martes la suspensión temporal del cobro de los llamados "impuestos de guerra", es decir, las extorsiones, en varias zonas donde mantiene presencia criminal en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.
La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento atribuido al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, que calificó la medida como "un acto de voluntad hacia el pueblo colombiano" y un "gesto de buena voluntad" dirigido al presidente electo, Abelardo De la Espriella.
Según el comunicado, la suspensión del cobro de extorsiones estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre de 2026, período durante el cual el grupo asegura que hará cumplir la medida en las zonas bajo su influencia.
Entre los municipios donde dejaría de aplicar estas exigencias ilegales figuran Montería, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica, San Pelayo, Lorica, Cereté, Sahagún, Chinú, San Carlos, San Antero, Cotorra y Purísima, en Córdoba. También fueron incluidos municipios de Antioquia como Valdivia, Tarazá, Caucasia y El Bagre, así como localidades de Sucre, entre ellas San Marcos, Caimito, Guaranda, Majagual, Sucre y La Unión.
En el documento, el grupo armado reconoció que la suspensión representa un impacto para sus finanzas, pero afirmó que continuará ejerciendo control en los territorios donde tiene presencia. Además, reiteró que la decisión busca respaldar los acercamientos planteados recientemente con el nuevo Gobierno.
El comunicado también estuvo dirigido al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a los países mencionados como mediadores —España, Noruega, Suiza y Catar—, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.
Finalmente, el Clan del Golfo reiteró su invitación al Gobierno entrante para que designe observadores que participen en un eventual espacio de conversaciones, insistiendo en su disposición de avanzar en un proceso de sometimiento a la justicia.
No obstante, la propuesta se conoce en medio de la postura expresada por el equipo del presidente electo, que previamente ha manifestado que no contempla abrir negociaciones de paz con esa organización armada.
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