Según la JEP, los comparecientes hacen parte de un grupo de 28 personas imputadas como máximos responsables por 604 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Entre quienes admitirán su responsabilidad figuran los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública.
La investigación estableció que algunas unidades militares implementaron un patrón criminal mediante el cual civiles fueron asesinados y posteriormente reportados como guerrilleros muertos en combate, en medio de la presión por mostrar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.
Entre las víctimas documentadas por la JEP se encuentran 26 menores de edad, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
Como parte de las labores de búsqueda de personas desaparecidas, la jurisdicción ha recuperado 93 cuerpos e identificado a 20 personas, de las cuales 18 fueron víctimas de crímenes atribuidos a unidades militares en la región Caribe.
La primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad se realizará en Barranquilla los días 30 de junio y 1 de julio de 2026, mientras que la segunda tendrá lugar en Valledupar entre el 28 y el 30 de julio, donde los comparecientes deberán reconocer su participación en el patrón criminal documentado por la JEP.
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