De concretarse la medida, desaparecería la restricción que limita el desarrollo de proyectos inmobiliarios, industriales y mineros en los suelos considerados estratégicos para la producción de alimentos.
Actualmente, las APPA son definidas técnicamente por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y declaradas por el Ministerio de Agricultura. Esta figura constituye un determinante territorial de obligatorio cumplimiento, por lo que los municipios deben ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para garantizar la protección de estas áreas frente a usos diferentes a la actividad agropecuaria.
Con la eliminación de esta normativa, los predios cobijados por las APPA dejarían de contar con el marco legal que restringe la expansión urbana y las actividades extractivas. Esto permitiría que dichos terrenos puedan destinarse a proyectos de construcción, minería e industria, según las normas que rijan en cada municipio.
La decisión también implicaría cambios en la focalización de programas estatales dirigidos al sector rural, ya que las APPA han servido como referencia para la asignación de créditos, asistencia técnica y algunos subsidios destinados a productores ubicados dentro de estas zonas.
Durante los últimos años, sectores gremiales e inmobiliarios cuestionaron esta figura al considerar que limitaba la autonomía de los municipios para definir el uso del suelo y restringía el desarrollo de proyectos sobre predios de propiedad privada. En contraste, organizaciones campesinas y expertos en seguridad alimentaria han defendido las APPA como un instrumento para preservar la producción agrícola y proteger las tierras más fértiles del país.
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