La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó la finca "El Papayo", un predio de 268 hectáreas ubicado en la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, que perteneció al exgobernador Alejandro José Lyons Muskus, y lo adjudicó a 110 familias campesinas y afrodescendientes como parte de la estrategia de Reforma Rural Integral del Gobierno Nacional.
La recuperación del inmueble fue realizada por un equipo de profesionales de la ANT, en cumplimiento de las políticas de acceso a la tierra impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El predio tiene un alto significado histórico y político, debido a que perteneció al exgobernador Alejandro Lyons, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por hechos de corrupción durante su administración. Además, fue testigo clave en las investigaciones que permitieron destapar el denominado 'Cartel de la Toga', una red de corrupción que involucró a magistrados y altos funcionarios judiciales señalados de recibir millonarios sobornos para manipular procesos penales.
De la extinción de dominio a la reforma agraria
La historia jurídica de la finca cambió en 2017, cuando la Fiscalía General de la Nación la vinculó a un proceso de extinción de dominio. Dos años después, en 2019, el inmueble pasó a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), permaneciendo bajo control del Estado hasta su reciente adjudicación por parte de la ANT.
Beneficiarios
La finca fue asignada a dos organizaciones comunitarias de la región:
- Asociación Afro Familia, integrada por 60 personas, entre ellas 50 mujeres lideresas provenientes del municipio de San Marcos, Sucre.
- Asociación de Campesinos Las Guamas, conformada por 50 personas, incluyendo diez mujeres cabeza de familia del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Con esta entrega, la ANT busca que el predio, que en el pasado estuvo asociado a uno de los mayores escándalos de corrupción del país, se convierta en un espacio destinado a la producción agrícola, el desarrollo rural y el fortalecimiento de la economía de 110 familias campesinas y afrodescendientes del Caribe colombiano, en el marco de la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz sobre la Reforma Rural Integral.
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