El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, advirtió que en Colombia cada 20 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados ilegales, una situación que evidencia que este crimen sigue vigente y representa una grave vulneración de los derechos de la niñez.
La declaración fue realizada durante la inauguración de la exposición "Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra", una iniciativa desarrollada en alianza entre la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuyo propósito es visibilizar el impacto del reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado, promover la prevención de este delito y dar voz a quienes sobrevivieron a esta experiencia.
Durante su intervención, Ramelli señaló que las prácticas de reclutamiento utilizadas por las extintas Farc continúan siendo replicadas por grupos armados ilegales que operan actualmente en diferentes regiones del país.
"El llamado es a que exista un gran apoyo de toda la sociedad, del Ministerio de Educación, los colegios, las iglesias y las universidades, para combatir este fenómeno, porque es una tragedia que no ha terminado en Colombia. Cada 20 horas es reclutado un menor en el país y esto no puede seguir ocurriendo", afirmó el magistrado.
El alto funcionario insistió en que la prevención del reclutamiento debe convertirse en una prioridad nacional y que las instituciones del Estado, junto con la sociedad civil, deben fortalecer las estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas por la violencia.
La JEP recordó que el Macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado, documentó que 18.677 menores de edad fueron reclutados por las extintas Farc. Además, en este proceso judicial hay más de 11.000 víctimas acreditadas y cinco pueblos étnicos reconocidos como afectados.
En el marco de este caso, los antiguos integrantes del secretariado de las Farc ya reconocieron su responsabilidad por estos hechos, calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La exposición busca mantener viva la memoria de las víctimas, sensibilizar a la ciudadanía y contribuir a que el reclutamiento de menores no se repita en Colombia.
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