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La Fiscalía asegura que los uniformados habrían desviado al menos 10 motocicletas que permanecían bajo custodia en una estación de Policía del Cauca para comercializarlas ilegalmente.

Un mayor de la Policía Nacional, dos patrulleras y un particular fueron enviados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una red que habría desviado y vendido motocicletas recuperadas en operativos contra el hurto en el departamento del Cauca.


De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados son el mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, además del civil Yecid Castro Rojas.


La investigación señala que entre el 18 de enero y el 15 de febrero de 2026, varias motocicletas reportadas como robadas fueron recuperadas en la vía Panamericana, a la altura del sector de Río Blanco, en jurisdicción de Popayán. Sin embargo, en lugar de adelantar el trámite para devolverlas a sus propietarios, los uniformados habrían ocultado los procedimientos y permitido que terceros retiraran al menos 10 motocicletas del parqueadero de la estación de Policía de El Tambo.


Según el ente acusador, el mayor Hernández Rubiano habría facilitado las irregularidades y autorizado la salida de los vehículos. Por su parte, la patrullera Leiton Sánchez es señalada de coordinar el relevo de los policías que estaban de guardia, argumentando que cumplía órdenes superiores, para permitir la extracción de las motos. En tanto, la patrullera Joaqui Zúñiga, quien se desempeñaba como secretaria de la estación, presuntamente facilitó el ingreso de personas externas para retirar los automotores.


Las pesquisas indican que los implicados habrían definido funciones específicas para evitar registros en las minutas oficiales, cambiar los turnos de vigilancia y sacar las motocicletas sin dejar evidencia, con el objetivo de comercializarlas de manera ilegal.


Los cuatro fueron capturados en operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en las ciudades de Popayán y Tunja.


Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó, según su presunta responsabilidad, los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.


Por decisión de un juez de control de garantías, el mayor y las dos patrulleras deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que el particular permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.

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