La muerte del colombiano Joan Sebastian Guerrero, de 26 años, durante un operativo migratorio realizado el lunes 13 de julio en Biddeford, estado de Maine (Estados Unidos), ha generado una fuerte controversia luego de que las autoridades confirmaran que el joven no era la persona que buscaban.
Guerrero contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social. Según informó el senador por Maine, Angus King, el colombiano no figuraba entre los objetivos del procedimiento adelantado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación y existen versiones distintas sobre lo ocurrido. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el conductor habría intentado embestir con su vehículo a uno de los agentes, situación que derivó en el uso de la fuerza.
No obstante, videos de cámaras de seguridad difundidos por medios locales muestran al automóvil desplazándose lentamente antes de quedar bloqueado por una camioneta sin distintivos visibles. Ese material hace parte de las pruebas que analizan las autoridades para esclarecer los hechos.
De acuerdo con testigos y medios estadounidenses, la hija de tres años de Joan Sebastian Guerrero se encontraba dentro del vehículo cuando se produjeron los disparos, mientras que su esposa llegó al lugar pocos minutos después. Además, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y dirigentes políticos cuestionaron que los agentes involucrados no llevaran cámaras corporales, lo que dificulta reconstruir con precisión lo sucedido.
Tras el procedimiento, el agente que accionó su arma fue retirado temporalmente de sus funciones y permanece en licencia administrativa mientras avanzan las investigaciones, que son lideradas por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Fiscalía General de Maine y la Policía Estatal.
Las autoridades buscan establecer con exactitud las circunstancias que rodearon el operativo y determinar si existieron responsabilidades en la muerte del ciudadano colombiano.

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