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Los 18 inmuebles, conocidos como el antiguo ‘Parqueadero Padilla’, pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas por orden de un magistrado de Justicia y Paz.



Un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaban el denominado ‘Parqueadero Padilla’, un lugar que, según las investigaciones, funcionó como centro financiero y logístico de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).


La decisión fue adoptada a solicitud de la Fiscalía General de la Nación y recae sobre bienes avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, los cuales pasarán a integrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas.


De acuerdo con la investigación, el predio original fue dividido en 18 inmuebles independientes, sobre los que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectivas las medidas cautelares.


La Fiscalía recordó que el lugar fue allanado el 30 de abril de 1998, cuando investigadores del CTI buscaban un sitio donde presuntamente se confeccionaban uniformes para grupos paramilitares. Durante el operativo fueron encontrados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaban el funcionamiento del centro financiero y logístico de las ACCU.


Las investigaciones establecieron que ese centro habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil, máximos cabecillas de la organización paramilitar que tuvo su origen y principal zona de operaciones en los departamentos de Córdoba y Urabá.


Con la entrega de estos bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, las autoridades buscan fortalecer los procesos de reparación integral para las personas afectadas por el accionar de esa estructura armada ilegal.

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