La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, luego de valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso. El despacho concluyó que el inmueble tenía un origen ilícito y fue utilizado para encubrir activos provenientes del narcotráfico.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales que permitieron reconstruir la cadena de traspasos del bien y sustentar que las operaciones buscaban ocultar su verdadero origen.
Entre las pruebas valoradas por el juzgado se encuentra un estudio grafológico que determinó que una de las firmas consignadas en una escritura pública era falsa. Ese hallazgo, junto con la documentación recaudada durante la investigación, fue determinante para establecer que las sucesivas compraventas pretendían encubrir la procedencia ilícita del inmueble.
Como resultado de la decisión judicial, la propiedad pasará a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el marco del proceso de extinción de dominio, mecanismo mediante el cual el Estado recupera bienes vinculados a actividades ilícitas, sin que sea necesaria una condena penal contra quienes figuran como propietarios o poseedores.

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