Los familiares de Miguel Andrés Lagos Ballestas, de 19 años, aseguran que no existen pruebas que lo relacionen con la organización criminal y afirman que el proceso podría tratarse de un "falso positivo judicial".
La captura de Miguel Andrés Lagos Ballestas, un joven de 19 años, ha generado controversia en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, luego de que las autoridades lo señalaran como presunto integrante del Clan del Golfo.
Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación, tras la solicitud presentada por la Fiscalía. Sin embargo, su familia rechaza las acusaciones y sostiene que el caso podría corresponder a un grave error judicial.
Los allegados del joven aseguran que Miguel Andrés no tiene antecedentes penales y afirman que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que demuestren una supuesta relación con la estructura criminal.
Su madre, María Ballesta, aseguró que su hijo está siendo señalado injustamente y explicó que el joven atravesaba un cuadro de depresión. Según relató, actualmente permanece hospitalizado tras haber ingerido varias pastillas, mientras permanece bajo custodia policial.
La mujer también cuestionó la versión oficial sobre el presunto hallazgo de armamento y pidió a las autoridades revelar las evidencias que respaldan las acusaciones. "Mi hijo es inocente", manifestó.
El caso ha generado inquietud entre los habitantes de Codazzi debido a las versiones opuestas. Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para sustentar la imputación, la familia denuncia lo que considera un posible "falso positivo judicial" y pide que el proceso avance con total transparencia.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado públicamente sobre una pertenencia formal de Miguel Andrés Lagos Ballestas al Clan del Golfo, más allá de los señalamientos iniciales realizados durante la investigación.
Aunque la medida de aseguramiento ya fue decretada, el joven continúa recibiendo atención médica en un centro asistencial bajo vigilancia de la Policía. El proceso judicial sigue en curso y será la Fiscalía la encargada de presentar las pruebas que sustenten las acusaciones, mientras la defensa de la familia insiste en que se esclarezcan los hechos y se garantice el debido proceso.

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