Lora Correa, procesado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, sostiene que las autoridades judiciales desconocieron las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que regulan los preacuerdos.
En el documento, el procesado argumenta que renunció a la prescripción de la acción penal, indemnizó a las familias de Camilo Andrés Rodríguez López y Harold David Suárez Rivas y aceptó su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica rechazó el preacuerdo al considerar que este pretendía reclasificar el delito de homicidio agravado a una figura de legítima defensa excedida sin contar con el respaldo probatorio suficiente.
La jueza Ana Brigitte Verbel López sostuvo que el acuerdo carecía del mínimo sustento probatorio y afirmó que tanto la Fiscalía como el procesado incurrieron nuevamente en el mismo error del primer preacuerdo al reconocer una legítima defensa sin pruebas que la acreditaran.
Además, señaló que una negociación entre las partes no puede justificar la creación de un atenuante inexistente y que el hecho de haber indemnizado a las víctimas no releva al despacho de ejercer el control de legalidad que exige la ley.
La decisión fue apelada por la defensa, el procesado y la Fiscalía. No obstante, el Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Óscar Bustamante Hernández, confirmó la improcedencia del preacuerdo al considerar que la pena acordada no guardaba proporcionalidad con la gravedad de la conducta investigada.
En la tutela, Lora Correa también afirma que durante el trámite de la apelación se vulneró su derecho a la defensa porque, según asegura, la decisión se sustentó en argumentos sobre los cuales las partes no tuvieron oportunidad de pronunciarse previamente.
La acción constitucional fue presentada cuando ya está programado el inicio del juicio oral para el próximo 17 de julio. Mientras tanto, la autoridad competente dispone de un término legal para resolver la tutela, situación que ha generado interrogantes sobre el posible impacto que este recurso pueda tener en el cronograma del proceso judicial.
En su petición, Lora Correa solicita que se amparen sus derechos fundamentales y que se dejen sin efectos las decisiones del Juzgado Penal del Circuito de Lorica y del Tribunal Superior de Medellín, ordenando la aprobación del preacuerdo dentro de un plazo razonable.
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