El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entrega este martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación el denominado ‘libro blanco’, un documento que recopila presuntos hallazgos de corrupción e irregularidades administrativas detectados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La información fue recopilada durante los últimos meses como parte de un proceso de empalme anticorrupción adelantado por el actual Gobierno. Entre los casos incluidos aparecen contratos que, presuntamente, se habrían pretendido ejecutar sin los estudios requeridos y que podrían haber comprometido recursos públicos.
De acuerdo con el consolidado presentado por el equipo de De La Espriella, las alertas estarían relacionadas con recursos superiores a $370.000 millones, casos que serán puestos en conocimiento de las autoridades para determinar si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Uno de los casos señalados corresponde a la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y Codaltec. Según el análisis presentado por el Gobierno, se advierten posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y posibles fallas relacionadas con la entrega, instalación y funcionamiento de los equipos.
El ‘libro blanco’ también incluye cuestionamientos sobre un contrato de Cenit, filial de Ecopetrol, relacionado con una asesoría jurídica adjudicada a la firma GESYCOBRO SAS. Según los hallazgos expuestos por el equipo presidencial, el proceso presenta interrogantes sobre el valor contratado, la idoneidad de la firma y posibles vínculos políticos, aspectos que deberán ser verificados por las autoridades.
Otro de los asuntos incluidos está relacionado con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El Gobierno señala posibles irregularidades que deberán ser investigadas por los organismos competentes.
Con la entrega del documento, el presidente De La Espriella pone formalmente estos hallazgos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir o ampliar investigaciones y establecer eventuales responsabilidades.
Cabe señalar que los hechos expuestos corresponden a presuntas irregularidades y deberán ser investigados por las autoridades. La inclusión de personas, entidades o contratos en el ‘libro blanco’ no implica, por sí sola, que exista responsabilidad penal o una condena.
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